La Corte Suprema aceptó tratar reclamos millonarios de Santa Cruz, pero rechazó pagos inmediatos
La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió avanzar en dos demandas presentadas por el Gobierno de Santa Cruz contra el Estado Nacional, vinculadas a reclamos fiscales y previsionales por montos millonarios. En ambos casos, el máximo tribunal declaró su competencia originaria para intervenir, aunque rechazó las medidas cautelares que buscaban garantizar el envío inmediato de fondos mientras se tramitan los juicios.
Uno de los planteos tiene origen en el Consenso Fiscal 2017. En la demanda, impulsada por el gobernador Claudio Vidal, la provincia reclama el pago de aproximadamente 589,3 millones de pesos, correspondientes al año 2023 y a los meses de enero y febrero de 2024. Según el reclamo, el Estado Nacional habría incumplido el envío de compensaciones previstas para cubrir la pérdida de recursos generada por modificaciones en el Impuesto a las Ganancias y en el impuesto a los créditos y débitos bancarios.
Santa Cruz sostuvo que el acuerdo establecía transferencias diarias y automáticas, actualizadas trimestralmente por inflación, y destinadas a obras de infraestructura sanitaria, educativa, productiva, de vivienda y vial. En ese marco, solicitó una medida cautelar innovativa para que se restablezca el flujo de fondos mientras se sustancia el proceso judicial, al considerar que la interrupción de los envíos genera un perjuicio actual para la provincia.
Sin embargo, la Corte Suprema, tras analizar el dictamen del Procurador General, rechazó el pedido cautelar. Argumentó que la documentación presentada no alcanza para acreditar los requisitos necesarios para una medida de ese tipo y que ordenar pagos anticipados implicaría adelantar el resultado final del juicio. No obstante, el tribunal dispuso correr traslado de la demanda al Estado Nacional, que deberá responder en un plazo de 60 días por la vía del proceso ordinario.
El segundo reclamo aceptado por la Corte está vinculado al financiamiento de la Caja de Previsión Social de Santa Cruz. En este caso, la provincia promovió una acción declarativa de inconstitucionalidad contra el Estado Nacional y la ANSES, cuestionando el artículo 18 del decreto 280/2024, al que responsabiliza por la interrupción de las transferencias destinadas a cubrir el déficit del sistema previsional provincial no transferido.
Según la presentación judicial, esos envíos se encontraban respaldados por acuerdos federales y convenios bilaterales vigentes desde fines de la década del noventa, que preveían anticipos mensuales actualizados para sostener las cajas previsionales provinciales. Desde comienzos de 2024, sostiene la provincia, dichos fondos dejaron de ser girados.
Al igual que en el caso del Consenso Fiscal, la Corte declaró su competencia originaria para tratar el planteo, pero rechazó la medida cautelar que solicitaba la reanudación inmediata de las transferencias. De esta manera, ambas causas continuarán su trámite judicial sin que el tribunal ordene pagos anticipados al Estado Nacional.
